Este verano, una mujer que estaba embarazada de cuatro meses interrumpió su atención médica de Medicaid, a pesar de ser legalmente elegible para la cobertura, y planeó pagar de su bolsillo la atención prenatal, el parto y la atención posparto, miles de dólares en total. Su médico, Adrian Billings, MD, PhD, FAAFP, un médico de cabecera y director médico de Preventive Health Care Services, un centro de salud comunitario en Presidio, Texas, se sacudió.
"Un abogado de inmigración le aconsejó que no aceptara [asistencia pública], por temor a cargos públicos, que penalizará a los inmigrantes si aceptan cualquier forma de asistencia pública", recordó. Según Protecting Immigrant Families, las determinaciones de la carga pública federal buscan identificar a las personas que pueden depender del gobierno como su principal fuente de apoyo. Si el gobierno determina que es probable que una persona se convierta en una "carga pública", puede negarle a esa persona la admisión a los Estados Unidos o la residencia legal permanente. En otras palabras, un residente legal extranjero puede decidir cancelar su inscripción en la cobertura de atención médica de Medicaid, incluso si es elegible para el beneficio, por temor a poner en peligro su capacidad de obtener una tarjeta verde más adelante.
La Administración Trump amenazó con un cambio en la regla a principios de 2019, lo que provocó que muchos pacientes, como la paciente embarazada del Dr. Billings, abandonaran la cobertura antes de que se anunciara el lenguaje de la regla final. Cuando se publicó el texto final de la regla en agosto, se aclaró que la atención prenatal será una excepción; un residente legal que utiliza Medicaid para servicios prenatales no pondría en peligro su estado migratorio bajo la nueva regla de carga pública. Pero el miedo, la confusión y la incertidumbre están llevando a las pacientes embarazadas a darse de baja de todos modos. “Las mujeres todavía van a evitar Medicaid, a pesar de las garantías del gobierno de que esto no afectará su situación migratoria. El miedo se ha extendido ”, cree el Dr. Billings.
Hoy, 15 de octubre, se suponía que entraría en vigencia la nueva regla final sobre la carga pública. El mandato judicial detiene la implementación hasta que se resuelva la batalla judicial, pero los proveedores ya han sido testigos de repercusiones peligrosas en todo el país, y el mandato judicial de la semana pasada no restablece el seguro de salud de cientos de inmigrantes legales que son elegibles para cobertura, quienes por miedo o precaución, han terminado su cobertura.
"Los inmigrantes pueden tener toda la documentación correcta, y la nueva regla de carga pública se puede retrasar en los tribunales, pero las preocupaciones de los inmigrantes sobre posibles ramificaciones futuras les impedirán buscar atención de manera oportuna", dijo Laszlo Madaras, MD, MPH, director médico de la Red de Clínicos Migrantes, que trabaja en una sala de emergencias como médico de familia en Pensilvania. Teme que los pacientes eviten recibir atención preventiva o temprana, lo que conducirá a visitas a la sala de emergencias menos efectivas y más costosas más adelante. Disuadir a los inmigrantes con situación legal de utilizar su atención médica es "una forma inhumana de tratar a las personas", agregó.
A mediados del verano, meses antes de que se publicará el lenguaje de la regla final, dos de las pacientes embarazadas del Dr. Billings, que podrían haber estado cubiertas por Medicaid, habían abandonado la cobertura del seguro por recomendación de sus dos abogados independientes.
“Las grandes preocupaciones para mí como médico son: por la salud de mi paciente, quien legalmente tiene derecho a solicitar Medicaid; para su hijo nonato, que no puede tomar la decisión por su propia salud; y para sus otros hijos, que tampoco podrían acceder a Medicaid [tampoco] ", dijo el Dr. Billings. "Me preocupan las consecuencias directas, de no obtener la atención médica que necesitan y no poder pagar la atención médica que necesitan".
Pero, en caso de que la norma salga de los tribunales, también le preocupan las consecuencias indirectas, como la presión financiera que ejerce sobre sistemas como los centros de salud con calificación federal, las clínicas rurales y los hospitales de acceso crítico que ya tienen un margen de beneficio limitado. "Si [la nueva norma sobre la carga pública] reduce el número de pacientes que tienen cobertura, eso puede inclinar la balanza de la viabilidad financiera", señaló.
"También produce estrés y tensión en proveedores como yo, que se ocupan de esta población pero que no pueden obtener los laboratorios que necesitan", porque los pacientes que pagan de su bolsillo pueden optar por renunciar a los laboratorios que no parecen esenciales, Dr. Billings dijo. “Para esas dos mujeres embarazadas, un panel de pacientes cuesta varios cientos de dólares; un ultrasonido cuesta varios cientos de dólares ”, dijo, y otras pruebas y laboratorios acumulan más facturas, todo lo cual lleva a los pacientes a preguntar a los proveedores cuáles son los más importantes. "Hay una norma de atención en obstetricia en el que, para un panel prenatal, todos son importantes". Cuando un paciente se somete a ciertas pruebas o laboratorios, "esto pone estrés en el proveedor, porque están cuidando a un paciente que no tenga la atención adecuada ”, enfatizó el Dr. Billings. También agregó que puede aumentar las preocupaciones de responsabilidad de los proveedores que desconfían de cuidar a un paciente sin una comprensión completa de sus necesidades de salud. "Eso hará que los proveedores que son reacios al riesgo piensen:" Me voy a mudar de la frontera "o" Ya no voy a dar a luz bebés "", se preocupó. "Hace que sea aún más difícil reclutar y retener proveedores".
Afortunadamente, el sistema del Dr. Billings pudo absorber los costos de la atención de las dos mujeres, pagando la atención prenatal necesaria, incluidos los laboratorios. "Pero son solo dos pacientes. Si dos se convirtieran en 200, no podríamos permitirnos hacer eso ", dijo. Para los sistemas de salud con altas poblaciones de pacientes inmigrantes, la nueva regla de carga pública "exacerbar la tensión financiera. Los costos serán asumidos por el paciente o los sistemas de salud locales que cuidan al paciente ”. Incluso antes de su implementación, la regla ya había tenido implicaciones significativas en la cobertura de salud de muchos inmigrantes, y eso seguramente continuar, a pesar de no entrar en vigencia esta semana.
Luego de la orden judicial, se anticipa que el gobierno presentará una apelación. Si bien la nueva regla de carga pública no ha entrado en vigencia, los esfuerzos continuos de educación del paciente reducirán la confusión y atenuarán el efecto escalofriante que la regla ya ha tenido en los pacientes de todo el país. Aquí hay algunos recursos para ayudar con la comunicación del paciente sobre la regla. Más recursos que reflejen el mandato reciente deberían estar disponibles para el final de la semana.
Protecting Immigrant Families [2] has extensive resources on the impact of the new public charge rule. Here are some that may be useful for health providers and community health workers:
State Public Benefits Charts [3] and Interactive Map of Benefits Eligibility [4]
You Have Rights: Protect Your Health [5], in Spanish [6], Arabic [7], Chinese [8], French [9], Hindi [10], Korean [11], and Vietnamese
[12]Getting the Help You Need [13], in Spanish [14], Arabic [15], Hindi [16], and Chinese
[17]The California Primary Care Association’s resources on public charge [18] include modules for service providers
[17]
Like what you see? Amplify our collective voice with a contribution [19].
[20] 
[21] 
[22] 
[23] 
[24] 
[19]
Got some good news to share? Contact us on our social media pages above.
Return to the main blog page or sign up for blog updates here.
[25]